NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy un acuerdo de $1.5 millones con Alba Services, Inc., su propietario, Andrew Horan, y una red de empresas de construcción y demolición relacionadas de la ciudad de Nueva York (en conjunto, Alba) por violar reiteradamente las leyes estatales de compensación laboral, tomar represalias contra trabajadores lesionados y no abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo. Una amplia investigación de la Fiscalía General (OAG en inglés) reveló prácticas ilegales que datan de hace casi una década y que afectaron a más de 700 trabajadores. Según los términos del acuerdo, Alba debe pagar $1.4 millones en restitución a sus empleados actuales y anteriores; y adoptar reformas integrales para cumplir con las leyes laborales y de derechos humanos de Nueva York. Además, Alba pagará $100,000 por un administrador del acuerdo.
«Durante casi una década, Alba silenció a los trabajadores lesionados, manipuló los costos de los seguros y permitió que una cultura de acoso se arraigara en sus lugares de trabajo», declaró la Fiscal General James. «Hoy, me enorgullece entregar más de $1.4 millones a los trabajadores perjudicados por esta mala conducta. Nos hemos asegurado de que Alba ya no pueda amenazar, intimidar ni explotar a su fuerza laboral. Mi oficina jamás permitirá que las empresas vulneren los derechos de los trabajadores ni creen lugares de trabajo hostiles que pongan en peligro su seguridad y dignidad».
El OAG inició una investigación en 2022 tras una remisión del Sindicato Local 79 de Trabajadores de la Construcción y la Edificación. Tras revisar más de 60,000 páginas de documentos y decenas de entrevistas con testigos, la Fiscal General descubrió que, entre 2016 y 2024, Alba no reportó cientos de lesiones laborales a la Junta de Compensación Laboral (WCB en inglés), como lo exige la ley, e instruyó explícitamente a los empleados a que no presentaran reclamos que eran elegibles. De las lesiones que Alba estaba legalmente obligada a reportar, la Fiscal General determinó que la empresa reportó menos de la mitad. Al mantener las reclamaciones artificialmente bajas, Alba redujo sus costos de seguro y obtuvo una ventaja injusta sobre su competencia.
Alba tomó represalias contra los empleados que intentaron presentar denuncias mediante acoso, amenazas e incentivos económicos para que guardaran silencio. En al menos dos ocasiones, la empresa publicó volantes que identificaban públicamente a los trabajadores que habían presentado denuncias, acusándolos de fraude y ofreciendo 5000 dólares por información que resultara en un arresto. Andrew Horan también enviaba mensajes de texto a sus capataces, revelando ilegalmente los nombres de los trabajadores y ofreciendo recompensas en efectivo por información sobre ellos. La Fiscal General documentó al menos 60 casos en los que Alba divulgó ilegalmente los nombres de los trabajadores.
La investigación reveló además que Alba a veces interfería con el tratamiento médico enviando a representantes de la empresa a acompañar a los trabajadores lesionados a centros de atención de urgencia u hospitales, tergiversando cómo y dónde ocurrió la lesión. Alba dirigía a sus trabajadores a clínicas específicas con las que tenía acuerdos para ocultar lesiones laborales y bloquear las reclamaciones de indemnización laboral. En algunos casos, la empresa enviaba a empleados con lesiones graves a sus clínicas de urgencias preferidas, a pesar de que los trabajadores lesionados realmente necesitan atención de urgencia.
Además, el OAG determinó que Alba no impidió el acoso sexual y tomó represalias contra las empleadas que denunciaron conductas inapropiadas. Al menos dos trabajadoras describieron acoso reiterado por parte de un capataz que les enviaba mensajes inapropiados, hacía comentarios indeseados sobre sus apariencias y mantenía contacto físico. Cuando las mujeres rechazaron sus insinuaciones, el capataz tomó represalias asignándolas a trabajos más exigentes. El acoso creó un ambiente hostil para las empleadas afectadas y contribuyó a una cultura en la que los colegas masculinos intimidaban o ridiculizaban a las mujeres que consideraban asociadas con el capataz. Cuando una trabajadora intentó denunciar el acoso, le redujeron las horas hasta que finalmente fue despedida. Como parte del acuerdo de hoy, Alba debe rescindir el contrato laboral del capataz y adoptar políticas y capacitación integrales contra el acoso para garantizar la protección de las trabajadoras en el futuro.
La mala conducta de Alba perjudicó desproporcionadamente a los trabajadores no sindicalizados e inmigrantes, muchos de los cuales denunciaron intimidación y temor a represalias al lesionarse. Al suprimir las reclamaciones y disuadir a los empleados de solicitar beneficios, Alba engañó a sus trabajadores y manipuló las primas de seguros para reducir costos.
Como resultado de la investigación, la Fiscal General James exige a Alba el pago de $1.4 millones en restitución a más de 700 empleados lesionados entre 2016 y 2024. Alba pagará $100,000 adicionales a un administrador del acuerdo independiente. Los trabajadores elegibles podrán presentar reclamaciones a través del administrador del acuerdo. El fondo proporcionará una compensación significativa a las personas que hayan perdido salarios, hayan enfrentado gastos médicos, hayan retrasado el tratamiento médico, se hayan visto disuadidas de presentar una reclamación de compensación laboral o hayan sufrido represalias tras lesiones laborales. Los fondos no utilizados para la administración se redirigirán a maximizar los pagos a los trabajadores afectados, garantizando que cada dólar posible se destine a los trabajadores perjudicados por Alba.
Alba también debe modificar sus prácticas comerciales para poner fin a estos abusos. La empresa debe informar, con precisión, sobre todas las lesiones laborales, dejar de tomar represalias contra los trabajadores lesionados y poner fin a la interferencia con el tratamiento médico o las reclamaciones. Debe establecer y aplicar políticas sólidas de prevención del acoso sexual, impartir capacitaciones obligatorias semestrales en inglés, español y ruso, y someterse a tres años de supervisión por parte de la Fiscalía General, con la opción de extender la supervisión a seis años si persisten las violaciones. Alba también debe presentar informes semestrales a la Fiscalía General que documenten el cumplimiento de las leyes de compensación laboral y derechos humanos.
«Alba Services y su grupo de empresas jugaron con el sistema durante años mientras los trabajadores de demolición luchaban por sobrevivir», dijo Anthony Vita, Gerente Comercial del Local 79 de Obreros de Construcción y Edificación. «Este acuerdo no se limita solo a Alba, sino también a los trabajadores no sindicalizados de toda la ciudad que sufren circunstancias similares. Este es un paso importante para nivelar las condiciones de los contratistas responsables. Agradecemos el compromiso de la Fiscal General Letitia James con la justicia para todos los trabajadores y agradecemos a su equipo su arduo trabajo».
«Durante años tuve dificultades trabajando para Alba Services; no creía tener a quién recurrir», dijo un exempleado de Alba. «Hoy, la Fiscal General James envió un mensaje: los demolicionistas merecen justicia».
«Quiero agradecer a la Fiscal General Letitia James por defendernos», dijo un exempleado de Alba. «No solo por mí, sino por todos los trabajadores que quedan en Alba, quienes ahora saben que sus derechos serán protegidos».
La Fiscal General James alienta a los neoyorquinos que creen que han sido víctimas de violaciones de sus derechos laboral o acoso sexual en el lugar de trabajo a que se comuniquen con el OAG presentando una queja confidencial en línea o llamando al (212) 416-8700.
Este caso es el más reciente en los esfuerzos de la Fiscal General James para combatir las prácticas laborales explotadoras. En julio, la Fiscal General James obtuvo $148,000 para trabajadores sindicalizados a quienes se les negó licencia por enfermedad remunerada, y en junio, entregó $400,000 a guardias de seguridad escolares de la ciudad de Nueva York quienes fueron mal pagados. En mayo, la Fiscal General James obtuvo más de $660,000 para trabajadores de la salud que fueron reclutados en el extranjero y obligados a aceptar contratos explotadores. En marzo, la Fiscal General James obtuvo $750,000 y reformas críticas para abordar el acoso sexual y la discriminación en Con Ed. En febrero, la Fiscal General James obtuvo $16.75 millones de DoorDash por estafar a sus repartidores por no entregarles propinas, y en enero, recuperó $1.1 millones para los limpiadores de Rikers Island a quienes se les robó de un salario justo. En diciembre de 2024, la Fiscal General James recuperó $4 millones en propinas retenidas para ex repartidores de Drizly. En septiembre de 2024, la Fiscal General James obtuvo $17 millones, un acuerdo histórico de paridad salarial, de dos agencias de atención médica a domicilio por estafar a sus trabajadores, y también devolvió $750,000 en salarios robados a empleados de la compañía de telefonía celular Best Wireless. En noviembre de 2023, la Fiscal General James recuperó $328 millones para conductores de Uber y Lyft cuyos ingresos fueron defraudados durante años.
Este asunto fue manejado por las Fiscales Generales Adjuntas Donya Fernández y Abigail Ramos, la Jefa de la Sección de Compensación Laboral, Alison Kent Friedman, la Coordinadora de Justicia Social, Francisca Montana, y la Auditor-investigadora, Erica Ciccarelli, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina Laboral, Karen Cacace, y la Subjefa de la Oficina, Young Lee. La Oficina Laboral forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Principal, Meghan Faux, y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Primera, Jennifer Levy.
