La procuradora general de Nueva York, Letitia James, junto con otros 28 procuradores generales de todo el país han formado una coalición bipartidista para apoyar a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) para combatir con éxito las conductas fraudulentas y anticompetitivas. En una carta dirigida a los líderes del Congreso, la Fiscal General James y la coalición expresan su firme apoyo a la Ley de Protección y Recuperación del Consumidor (H.R. 2668), que garantizaría la capacidad de la FTC de obtener una compensación monetaria equitativa, incluyendo la restitución para los consumidores y la devolución de las ganancias mal habidas, después de que una decisión del Tribunal Supremo de los EE.UU. quitara a la agencia de esta capacidad a principios de este año.
«Como resultado de la pandemia del COVID-19, muchos consumidores son más vulnerables que nunca desde el punto de vista financiero y confían en las autoridades federales y estatales para que protejan sus intereses y les devuelvan el dinero que tanto les ha costado ganar cuando han sido defraudados», dijo la Fiscal General James. «Si la FTC no tiene la capacidad de obtener una compensación monetaria y reparar los daños, los consumidores serán los que salgan perdiendo. Nuestros socios federales en la FTC son vitales en la lucha para proteger a los consumidores, por lo que insto al Congreso a apoyar a los consumidores y a las empresas honestas mediante la restauración de estas herramientas esenciales de aplicación.»
Durante 40 años, la FTC pudo obtener una indemnización equitativa demandando a los infractores en los tribunales de distrito, en lugar de iniciar un largo procedimiento administrativo. De hecho, sólo en los últimos cinco años, la FTC recuperó con éxito más de 11.200 millones de dólares en reembolsos para los consumidores a través de acciones judiciales. Esto cambió con la decisión del Tribunal Supremo de abril de 2021 en el caso AMG Capital Management, LLC, et al. contra la Comisión Federal de Comercio, que limitó la capacidad de la FTC para recuperar dinero para los consumidores perjudicados.
La FTC es un socio importante para los estados en la vigilancia de las prácticas comerciales anticompetitivas, desleales y engañosas. La falta de autoridad para solicitar una compensación monetaria equitativa de forma directa en procedimientos judiciales debilita los esfuerzos de la FTC para combatir estas prácticas. Como la coalición deja claro en su carta de hoy, esto frustra la colaboración federal-estatal y obliga a los estados a desviar recursos y a realizar tareas que antes cumplía la FTC.
Estas malas prácticas comerciales son un problema grave en Estados Unidos y la pandemia ha agudizado las quejas de los usuarios. La monopolización, colusión y otras conductas ilegales amenazan el buen funcionamiento del mercado estadounidense y cuestan a los consumidores y empresas honestas miles de millones de dólares cada año. La reducción de los recursos disponibles por la FTC permite que los infractores mantengan sus ganancias mal habidas, envalentonándolos y alentando esta conducta ilegal.
Junto con la Fiscal General James, el Fiscal General de Colorado, Phil Weiser, encabeza la carta de hoy. A ambos se unieron los Fiscales Generales de Alaska, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como el director ejecutivo de la Oficina de Protección del Consumidor de Hawai.
De este asunto se encargaron la Jefa Adjunta de la Oficina de Fraudes y Protección de los Consumidores, Laura J. Levine, y la Jefa Adjunta de la Oficina Antimonopolio, Amy McFarlane. La Oficina de Fraudes y Protección del Consumidor está dirigida por la Jefa de Oficina, Jane M. Azia, y la Oficina Antimonopolio está dirigida por la Jefa de Oficina, Elinor Hoffman. Ambas oficinas forman parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Vicefiscal General Jefe Chris D’Angelo y la Vicefiscal General Primera Jennifer Levy.
